Con el objetivo de poner A PRUEBA los procedimientos técnicos, operativos y logísticos que se ejecutarán en el Referéndum y Consulta Popular 2024, la Junta y la Delegación Provincial Electoral de Zamora Chinchipe, realizaron este domingo 07 de abril, el Simulacro Electoral, en la Unidad Educativa “12 de Febrero”, actividad que se cumplió en las 24 provincias del país.
Andersson Silva, director provincial, agradeció a los funcionarios de la Delegación y la Junta Provincial Electoral por su compromiso en estos comicios y resaltó el apoyo brindado por el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, funcionarios electorales y autoridades que participaron en el evento.
En este contexto, la presidenta de la Junta Provincial Electoral, Gisella Fernández resaltó el trabajo en conjunto con los vocales. Durante la etapa preelectoral se realizaron recorridos por los 122 recintos electorales.
Durante el Simulacro, se constató el funcionamiento de las Juntas Receptoras Voto en las cuatro fases, instalación, sufragio, escrutinio y embalaje, en el recinto emblemático. Además, en este ejercicio se verificó la operatividad de los componentes del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados – SETPAR, incluyendo el sistema Informático de Escrutinio y Resultados – SIER.
De acuerdo al calendario electoral, desde las 00h00 del domingo 7 de abril inició la campaña electoral del Referéndum y Consulta Popular 2024, esta fase culminará a las 23h59 del jueves 18 de abril.
Durante estos 12 días, las organizaciones políticas y sociales calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) están facultados a promover las opciones “Sí” y “No” en los medios de comunicación calificados como proveedores de promoción electoral. Además, podrán hacer uso de los USD. 409.628,74 más IVA definidos dentro del Fondo de Promoción Electoral, pero no podrán superar el monto de USD. 5´461.716,40 del Límite de Gasto Electoral.
Quienes incumplan los plazos establecidos para realizar campaña electoral, incurrirán en infracciones electorales graves, sancionadas con multas que van desde once hasta veinte salarios básicos unificados (SBU), destitución y/o suspensión de derechos de participación, desde seis meses hasta dos años.
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