POLICÍAS DE DINAPEN Y DE LAS UPC ACOMPAÑARÁN A CITADORES PARA OPTIMIZAR LA ENTREGA DE BOLETAS JUDICIALES

Con el objetivo de garantizar un acceso ágil y oportuno a la justicia, el Consejo de la Judicatura (CJ), a través de la vocal Yolanda Yupangui, impulsa una serie de acciones estratégicas para optimizar la entrega de citaciones judiciales, especialmente en procesos relacionados con niñez, adolescencia, violencia contra la mujer y el núcleo familiar.

Como resultado del trabajo coordinado con la Función Ejecutiva, el 12 de febrero de 2025 se publicó en el Registro Oficial el Acuerdo Ministerial Nro. MDI-DMI-2025-0006, mediante el cual el Ministerio del Interior dispuso que la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) y de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), acompañe a los citadores en la entrega de boletas judiciales.

Un diagnóstico nacional realizado por el Consejo de la Judicatura reveló que, en 2023, el 43% de las citaciones no se entregó de manera efectiva, por las siguientes razones: Inseguridad en las zonas de notificación; dificultad para ubicar a los demandados, especialmente en casos de violencia de género; falta de un mecanismo de apoyo interinstitucional, que permita agilizar la citación en casos sensibles.

Las áreas más afectadas por estas fallas en la citación son: Niñez y adolescencia; violencia contra la mujer y el núcleo familiar; procesos de alimentos; visitas y tenencia.

Para atender esta problemática se ha dispuesto que el acompañamiento de la Policía Nacional a los citadores se implemente exclusivamente en las materias mencionadas.

Previo a la aplicación de esta medida, el CJ capacitará a los directores provinciales de la institución y a sus equipos técnicos en un protocolo especializado para la correcta ejecución de las notificaciones con apoyo policial. La formación se realizará los días 24 y 25 de febrero.

Esta acción es parte de una estrategia integral del Consejo de la Judicatura para garantizar que las citaciones no sean un obstáculo en el acceso a la justicia, especialmente en aquellos casos donde los derechos de los grupos más vulnerables están en riesgo.