El Sector Minero de Zamora Chinchipe se declara en asamblea permanente y exige el cese a la «criminalización» de su actividad

En una jornada marcada por la unidad de los sectores productivos, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe lideró este viernes una asamblea masiva en la capital provincial. El encuentro reunió a representantes de distritos mineros, transporte pesado, geólogos, académicos y organizaciones sociales para denunciar la falta de voluntad política del Gobierno Nacional y el asedio de la fuerza pública contra el sector.

Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería, expresó un enérgico rechazo a la gestión de los sucesivos gobiernos, señalando que los compromisos de regularización para la minería artesanal y pequeña escala han sido sistemáticamente incumplidos.

«Los legisladores y otras autoridades de elección popular solo nos visitan en tiempos electorales. Existe una falta de compromiso total de las autoridades locales y nacionales para apoyar al sector que sostiene la economía de Zamora Chinchipe», afirmó Pineda.

Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares expuso que la información oficial del Ministerio de Energía y Minas ratifica el desinterés estatal por resolver este conflicto histórico.

Valladares responsabilizó directamente al régimen actual de «criminalizar» al sector minero mediante el incremento de penas desproporcionadas derivadas de la última consulta popular.

Denuncias de represión y delincuencia organizada

La voz de los mineros de base, representada por líderes como Oswaldo Matamoros, fue contundente al exigir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional el cese de la «brutal represión». Los mineros instaron a las fuerzas del orden a enfocar sus recursos en combatir a los grupos de delincuencia organizada que extorsionan a los mineros, en lugar de perseguir a quienes buscan el sustento para sus familias.

Ante la falta de respuestas, la Asamblea General adoptó de forma unánime los siguientes puntos de acción inmediata:

1. Denuncia de Abusos: Notificación formal a la Gobernación, MEM, ARCOM y Defensoría Pública sobre la extralimitación de funciones en operativos que irrespetan el debido proceso.

2. Reforma Legislativa: Impulsar un proyecto de reforma a la Ley de Minería para garantizar el derecho preferente de los dueños de terrenos en la adjudicación de concesiones.

3. Consulta Popular Provincial: Iniciar los mecanismos para que Zamora Chinchipe decida en las urnas sobre el modelo de explotación minera (industrial, mediana, pequeña o artesanal) que desea para su territorio.

4. Exigencia de Censo: Conminar al Estado a la ejecución inmediata de un nuevo Censo Minero actualizado y real.

La Cámara de Minería advirtió que, de no establecerse una mesa de diálogo efectiva con la Presidencia de la República y los poderes del Estado, se iniciarán medidas de reclamo progresivas en toda la provincia.